¿Qué ha fallado en el caso de Juana Rivas? Colaboración con Yodona de Diario El Mundo

Familia papel
Juana Rivas huyó para no tener que entregar a sus hijos a su exmarido, condenado por maltrato. 
  • MARIAN BENITO

Maracena (Granada) es hoy un pueblo en pie contra el tirano. También lo son las redes sociales, políticos, grupos feministas… Todos a una al grito de #JuanaEstaEnMiCasa. Pero la lección bien aprendida de Lope Vega no es suficiente para derribar de golpe y porrazo a este tirano que es el entramado jurídico que debería luchar contra la violencia de género y que en este momento se delata débil e ineficiente.

¿Hizo bien en huir Juana Rivas, la madre que se niega a devolver a sus hijos al hombre que la maltrata? 

El abogado y ex magistrado del Tribunal Constitucional Javier Puyol Montero se resiste a responder a esta pregunta porque considera que la cuestión no es juzgar su decisión, sino analizar qué lleva a una mujer a escapar despavorida. Y resulta que, cuando Puyol entra en detalles, todo el sistema que debería prevenir la violencia de género y proteger a las víctimas se desmorona. Igual que un castillo de naipes. “Para empezar -dice- el 016 es inútil. Pura parafernalia que no dispensa más que una retahíla de buenos consejos sin que estos se acompañen de una respuesta inmediata, de una medida urgente y eficaz ante una petición de auxilio”.

Relata casos de clientes en diferentes ciudades españolas, como Valencia y Sevilla, que así lo atestiguan. “A todos se nos llena la boca hablando de maltrato, pero, cuando sucede, la víctima está desamparada. No hay un juez que actúe de inmediato y luego, eso sí, llegan los lamentos”. ¿Todavía nos preguntamos si Juana actuó bien o mal o si hizo un uso arbitrario de la patria potestad? ¿Habría sido más sensato poner en riesgo la integridad física y psicológica de los menores y esperar a añadir dos números más en una macabra lista? Son preguntas que se hace este profesional del Derecho que atiende a menudo, y con la misma impotencia que ahora siente Francisca Granados, asesora jurídica de Juana, casos de violencia de género. “Aquí nadie ha actuado con la presteza necesaria. Pensemos que, si no fuese por la valentía de Juana, sus hijos estarían en manos de un maltratador. Es evidente que las fuerzas y poderes competentes para tratar este caso son ineficaces”.

Puyol echa en falta un poder judicial con sensibilidad y potestad para dar soluciones preventivas inmediatas en lugar de agarrarse a estructuras rígidas que, a la vista está, no resuelven una situación de riesgo. “Mal vamos si no pesan más los argumentos humanos. Estamos hablando de seres cuya integridad hay que preservar, no bienes intercambiables a la espera de un juicio en el que se dilucidará su futuro en función de unas leyes generales”.

Igual que él, son muchos los que alzan la voz y reclaman políticas realmente efectivas de protección a la mujer y a los menores. Elena Cortés, responsable del área feminista del PAC, llama a la desobediencia civil. “Es la única respuesta cuando existe una situación tan grave y con una absoluta vulneración de los Derechos Humanos”. Si a la madre se le acusa de un delito de desobediencia a la autoridad judicial, castigado hasta con tres años de prisión, ¿por qué no luchamos para que se permita una exención?

Las mujeres reclaman más apoyo

Las Asociaciones Feministas no ven suficiente el Pacto de Estado para erradicar la violencia de género que se aprobó el 24 de julio. “Hay que seguir trabajando con las víctimas e implicar a toda la sociedad. Este episodio es la consecuencia directa de una justicia anclada en una sociedad patriarcal”, insiste Cortés.

Por otra parte, según los profesionales consultados, la entrega de estos dos menores a un padre condenado por maltrato chocaría con el Convenio de Estambul, según el cual “el niño se considera víctima de género solo por haber sido testigo de violencia, sin necesidad de padecerla en primera persona”. Y tropieza también contra una sociedad cada vez más sensibilizada ante los sucesos que abren los informativos casi a diario. Agresiones machistas, asesinato de niños por parte del progenitor antes de arrojarse por la ventana, una madre que queda parapléjica al tratar de escapar de su marido y cientos de batallas legales perdidas cada año… “Sí, hay mayor conciencia social, pero la mujer sigue sufriendo demasiada impasibilidad”, recalca Cortés.

Es el mismo lamento de Granados después de reunirse durante dos horas y media con la fiscal de familia que lleva el caso. “Faltó humanidad desde el primer minuto. No ha habido interés en hacer nada por los menores”. En el Centro de la Mujer de Maracena confían en que, finalmente, la sentencia no se ejecute. Granados no ha parado de hablar con juristas y responsables de la Junta de Andalucía para suspender la ejecución de la sentencia y preparar el recurso de amparo que presentará en septiembre ante el Tribunal Constitucional. Mientras, al otro lado del teléfono el relato es demoledor. “Lo primero que falló fue el juzgado que desoyó la denuncia por violencia de género. Aunque la asesora apeló y consiguió que se hiciese valer ante un juzgado italiano, aún sigue guardada en un cajón a la espera de ser traducida”. Juana decidió venir a España después de dos años de continua de opresión, aislamiento y maltrato por parte de su ex marido. “Su denuncia ante la Guardia Civil en Maracena habla de amenazas, insultos y vejaciones de manera recurrente. De anulación como persona”.

En las últimas horas hemos sabido que la Junta de Andalucía está prestando asesoría jurídica a la madre y que el juzgado que hasta ahora ha llevado el caso por la vía civilha denegado las medidas cautelares que el ex marido de Juana había solicitado contra ella. Entre otras, una orden de detención internacional o petición de cárcel. Pero sabemos también que el procedimiento saltará ahora a la vía penal. El Juzgado de Instrucción número 2 de Granada ha citado a las partes el próximo 8 de agosto para que comparezcan.

Y los niños, ¿qué va a pasar con ellos?

La psicóloga Silvia Álava, directora del área infantil del Grupo Álava Reyes y autora de ‘Queremos hijos felices’ reclama que, como en cualquier otro caso similar, los jueces actúen con premura para que a los hijos no se les robe, ni por un instante, su derecho a vivir con seguridad y en un hogar emocionalmente sano. “Cada minuto en un ambiente de violencia, agresivo y de falta de respeto o continua desautorización por parte de uno de los progenitores añade más infelicidad a estos pequeños. Aunque cada caso es diferente, lo que está claro es que un entorno violento crea niños inseguros, con menos competencias emocionales, poco asertivos y con un modelo de afectividad inadecuada que, en ocasiones, puede reproducir en el futuro”.

Es verdad que se ha mediatizado el caso y que esto puede aumentar el impacto emocional en la población, pero Álava insiste en que, a partir de ahora, cualquiera que sea el rumbo que tome el caso, debe prevalecer el bien de los menores y, sobre todo, que la justicia no se demore porque, a veces, cuando llega ya se ha hecho muy tarde.

FUENTE: YoDona