Solo tres comunidades españolas lo prohíben en horas lectivas mientras se extiende una ola de padres ‘antimóvil’ surgido en un barrio barcelonés y el debate sobre la conveniencia o no del uso de las tecnología en clase permanece abierto

E. C. / E. P.

«No están preparados para las cosas que pueden ver». Con esta frase resumía la psicóloga infantil Silvia Álava la entrega temprana de un teléfono móvil a los niños. Saben utilizarlo pero no gestionar su contenido. Aplaudía así la decisión inédita del pueblo irlandés de Greystones, que alcanzó el pasado mes de junio un acuerdo para regular el acceso a las nuevas tecnologías de los menores de 12 años que residen en esta localidad de 18.000 habitantes. Las asociaciones de familias de los ocho colegios de Primaria del distrito firmaron un ‘código de no uso de smartphones’, que se traduce, básicamente, en que ningún niño del pueblo tendrá móvil propio hasta Secundaria.

En nuestro país, un grupo de padres del barrio de Poblenou, en Barcelona, encendió la mecha de una ola ‘antimóvil’ que ya recorre el resto de nuestro país. Crearon un grupo en Telegram para luchar contra el supuesto «consenso social» de establecer en los 12 años la edad para entregar un teléfono, muchos de ellos, como regalo de la Primera Comunión o cuando entran en el instituto. «Mi hijo cumplió 12 años el domingo y no tiene móvil ni lo va a tener. Pero en su clase lo tienen casi todos», fue uno de los primeros mensajes en este grupo, que aboga por no entregar un teléfono a los adolescentes antes, por lo menos, de los 16 años. Ahora, son ya miles de padres más los que participan en cuentas inspiradas en la misma idea en el resto de España.

El impacto negativo del móvil en la educación de los niños ya no está en discusión. El último informe de la Unesco sobre educación y tecnología asegura que «el mero hecho de estar cerca de un dispositivo móvil distrae a los estudiantes y tiene un efecto negativo en el aprendizaje». En el mismo sentido, el organismo internacional advierte de que «la percepción de los docentes es que el uso de tabletas y teléfonos dificulta la gestión del aula» porque frenan la atención de los alumnos durante las clases y fomentan el acoso escolar. Según un estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 85% de los niños de entre 12 y 14 años ya tiene móvil.

El debate del uso de la tecnología en las aulas lo abría Suecia este verano al frenar la implantación de su plan de digitalización en la escuela y aumentar la presencia de libros de texto en las aulas. Tomó la decisión tras conocer el retroceso sufrido en los resultados del examen europeo que mide la capacidad de comprensión lectora de los alumnos (PIRLS), en el que España ha quedado muy por debajo del país nórdico y de la media europea. «Los libros tienen ventajas para el aprendizaje que ninguna tableta puede sustituir», argumentó la ministra sueca Lotta Edlhom. Los expertos apuntan que la revolución digital se está haciendo muy rápido y sin contar con evidencias científicas sobre sus efectos en la enseñanza.

Pero, ¿y el uso del teléfono en las aulas? ¿Está prohibida su utilización? ¿Puede quitar un profesor el móvil a tu hijo?

Solo tres comunidades prohíben el uso del móvil en clase

La Comunidad de Madrid, Galicia y Castilla-La Mancha son las únicas comunidades autónomas españolas que tienen prohibido el uso de teléfonos móviles como mecanismo de comunicación en los colegios durante los periodos lectivos, mientras que en el resto de regiones son los centros los que limitan su uso.

No obstante, la Conselleria de Educación de la Generalitat catalana ha impulsado ya un proceso participativo, que comenzará la próxima semana, para regular el uso de los teléfonos móviles en los centros educativos y prevé que el nuevo marco regulador llegue a las escuelas en enero de 2024.

Este proceso será conducido por el Consell Escolar de Catalunya (CEC), que dará indicaciones al departamento para elaborar el marco regulador y que, una vez esté hecho, se enviará en enero a todos los centros educativos catalanas. Este nuevo marco regulador tendrá orientaciones claras para las escuelas y pretende homogeneizar los elementos de referencia que se deberán regular en los colegios sobre el uso del móvil.

Además, fuentes de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias han explicado que la regulación del uso de dispositivos móvil en las aulas es un tema que está sobre la mesa en estos momentos y que se va a abordar, aunque cualquier decisión que se adopte la debatirán previamente con los centros, el profesorado y las familias, con el objetivo de que sea una iniciativa consensuada con la comunidad educativa.

Castilla-La Mancha fue la primera comunidad autónoma en prohibir el uso de estos dispositivos en los centros escolares. Así, la Ley de Protección Social y Jurídica de la Infancia y la Adolescencia de 2014 establece que los menores «no deberán mantener operativos teléfonos móviles ni otros dispositivos de comunicación en los centros escolares, salvo en los casos previstos expresamente en el proyecto educativo del centro o en situaciones excepcionales, debidamente acreditadas».

En la misma línea, esta ley regional señala que los menores «deben hacer un uso adecuado y responsable de las tecnologías de la información y la comunicación, preservando su intimidad y respetando los derechos de los demás».

Un año después, en 2015, Galicia prohibió el uso de móviles y dispositivos electrónicos durante los periodos lectivos. El entonces presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, destacó que prohibían el uso de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos como mecanismo de comunicación durante los periodos lectivos«. »Excepcionalmente, los centros podrán establecer normas para la correcta utilización como herramienta pedagógica. La prohibición es expresa y taxativa«, zanjaba el popular.

Galicia quiere abordar una regulación más estricta

Aunque esta norma continúa en vigor, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha mostrado esta semana partidario de abordar una regulación más estricta sobre el uso del móvil en las aulas y ha sostenido que la decisión debe ser «colectiva» y contar con el «máximo consenso posible».

El máximo mandatario autonómico sostiene que es una cuestión que se «debe hablar» para ver si se debe prohibir de una forma «mucho más taxativa». Así, sostiene que debe ser un asunto a abordar por los centros educativos con las familias para llegar al mayor consenso posible y «con racionalidad».

«Creo que es una cuestión a hablar, está encima de la mesa y creo que la tendencia mayoritaria es que debe regularse y no debe permitirse utilizar el teléfono al libre albedrío», defiende el presidente de la Xunta de Galicia.

Por su parte, la Comunidad de Madrid limitó el uso del móvil en los colegios al inicio del curso 2020/2021 «para mejorar el rendimiento académico y luchar contra el acoso escolar». Este cambio en la regulación madrileña incorporaba la prohibición expresa del uso de los teléfonos móviles y dispositivos electrónicos durante la jornada escolar, permitiendo, exclusivamente, su uso como herramienta didáctica o por razones de salud.

Esta medida, contemplada en la Estrategia integral para la Convivencia escolar y en el Plan de Ciberseguridad del Ejecutivo regional, afecta a todos los centros públicos y concertados

La prohibición del uso de los teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos en la Comunidad de Madrid establece un margen de autonomía de los centros para que, en su contexto y dentro de las normas de convivencia aprobadas, puedan permitir el uso de estos medios, de forma excepcional, en determinado periodos, o con fines didácticos, así como a aquellos alumnos que por razones de necesidad o excepcionalidad lo necesiten.

Los docentes pueden retirar los móviles a los estudiantes

Por ello, en los colegios madrileños se permiten estos dispositivos a los alumnos que los necesiten por razones de salud o discapacidad, conforme a lo dispuesto en la normativa de convivencia. Asimismo, los docentes y la Dirección de los centros educativos podrán proceder a la retirada de los móviles de los estudiantes que incumplan esta obligación, que les serán restituidos según la normativa aprobada por el centro.

Igualmente, la norma madrileña establece que los dispositivos de grabación de sonido o imagen que fueran empleados para atentar contra la intimidad de las personas o su derecho a la propia imagen, pudiendo ser los hechos constitutivos de delito, serán entregados a los cuerpos de seguridad o al Ministerio Fiscal.

En Europa, algunos países ya han optado por regular el uso de móviles en colegios e institutos. Por ejemplo, en Francia, en los centros que imparten enseñanzas hasta los 15 años no están permitidos; en Portugal está prohibido su uso en las aulas sin autorización del profesor mientras que, como norma general, en el resto de países no hay establecidas prohibiciones expresas sobre su uso.

Desde la Conselleria de Educación de Baleares explican que no tienen previsto realizar nuevas directrices al respecto y que la limitación del uso del teléfono móvil en los colegios forma parte de la autonomía de los centros educativos y cada uno elige cómo regularlo.

En la misma línea, la Consejería de Educación de la Región de Murcia señala que el uso del móvil concierne a la autonomía pedagógica de cada colegio y que se recoge en la Programación Anual del centro, donde se determina el uso de dispositivos digitales.

En Andalucía, cada centro educativo, dentro de su Plan de Centro, debe establecer normas para la utilización de móviles y otros aparatos electrónicos, así como los procedimientos para garantizar el acceso seguro a Internet del alumnado, también medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de Internet y las tecnologías de la información y la comunicación de los menores. De esta manera, la Junta apuesta por el uso de los móviles con «un fin pedagógico, como herramienta dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en las distintas materias».

Las instrucciones de inicio de curso en Cantabria incluyen la no utilización del teléfono móvil en las aulas entre sus recomendaciones, una medida que, según el Gobierno regional, está teniendo «buena acogida en la gran mayoría de centros».

FUENTE: elcomercio.es